Bigote Gate

Finalmente luego del fallo de la Cámara que confirmara el procesamiento de Mauricio Macri, dispuesto por el juez federal Norberto Oyarbide por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita (en carácter de miembro) resulta menos viable la estrategia del macrismo de asegurar la intervención del kirchnerismo en la decisión de los magistrados.

Si bien la figura de Norberto Oyarbide se encuentra cuestionada producto de fallos controvertidos, más difícil es pues atribuirle igual carácter al accionar de los camaristas, ya que el fallo conocido días atrás ha sido por unanimidad, y para disgusto del PRO con antelación a lo que pensaban.
El hecho de que Mauricio Macri “conoció y prestó su consentimiento para instalar” en el Gobierno porteño “un aparato de inteligencia prohibido” sumado a que a Ciro James no se le pudo demostrar actividad alguna en el Ministerio de Educación, donde había sido contratado, mas allá de las gestiones que realizaba para los ingresos a la Policía Metropolitana junto al Jefe de dicha institución, nombrado por Macri, es decir Jorge “Fino” Palacios, a quien casualmente James conocía de la Policía Federal, dejaría entrever que si formalmente Ciro James no intervenía en asuntos de la Metropolitana, y a su vez no ejercía ninguna función en el Ministerio de Educación, ¿El macrismo estaría avalando la contratación de “ñoquis” en el Gobierno Porteño?
Para no perder el hilo de la historia y volviendo al Bigote Gate, el sostenimiento de actividades ilegales de inteligencia con recursos estatales y el hecho de estar procesado por asociación ilícita no parece alterar el proyecto presidencialista de Macri, más bien, parece haber acelerado los tiempos en busca de cerrar acuerdos con el autodenominado Peronismo Federal.
Es curioso ver como un político que lucha tanto por las instituciones, utiliza el aparato estatal para delinquir; tan curioso como el desconocimiento que presenta el actual Jefe de Gobierno Porteño del sistema republicano que rige en la Argentina, omitiendo que es el Poder Judicial el encargado de juzgar los graves hechos por los cuales se encuentra procesado.
Es sabido que el PRO cuenta con mayoría en la legislatura porteña, por lo cual someterse a juicio político para ser juzgado por sus propios legisladores dista enormemente de ser una “batalla por las instituciones, en defensa de la verdad” como asegura Macri.
Más preocupante es el plan estratégico que el PRO viene desarrollando hace años y que culminó días atrás con la desaparición del bigote de Mauricio, quizás la principal prueba que lo uniría al “Fino” Palacios, según creerían los asesores más cercanos a Macri, incluyendo a Rodríguez Larreta. Si para el PRO el bigote es la única causa del fascismo de Mauricio, demostrado con la utilización del aparato estatal para violar la privacidad de las personas, y el desconocimiento de la división de poderes a la hora de juzgar hechos delictivos, si tengo que elegir a un Macri, me quedo con la sensatez de Franco.

82% móvil hoy, 13% mañana.

El amateurismo de la dirigencia política en la Argentina parece no tener límites a la hora de encausar nuevas cruzadas mediáticas.
En el intento de encontrar el rol protagónico que el Poder Legislativo de por si, ya posee en una República, la oposición confunde la división de poderes y la arena parlamentaria con un concurso televisivo donde el ganador se queda con el Poder Ejecutivo.
Con una visión de corto plazo, se intenta formar una agenda parlamentaria altamente destructiva donde poco interesa el saneamiento de las cuentas estatales que se viene gestando en los últimos años.
Si algo comprendió el Kirchnerismo a lo largo de su gobierno, es que la economía es el aspecto que más celosamente debe cuidarse a la hora de discutir políticas públicas. De este modo en los últimos años los altos niveles de recaudación fiscal, como nunca se vieron en nuestro país, son el vivo reflejo del modelo económico lanzado hace ya siete años. Estos incrementos constantes en la recaudación, con record en el mes de mayo de 2010, donde los ingresos rondaron los u$s 10.000 millones permitieron desarrollar programas de inclusión y mejoras a los sectores más necesitados de la sociedad. Entre estas políticas se encuentran los incrementos a los jubilados, la ley 26.417 de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público y la unificación del Sistema Integrado Previsional Argentino mediante la Ley 26.425 que permitió erradicar el millonario negociado de las AFJP en la Argentina.
Hoy en día nos encontramos debatiendo el 82% móvil de las jubilaciones, una propuesta que a todos nos gustaría poder aplicar, pero cuyo costo (estimado en $ 30.000 millones) generaría un agujero negro en las cuentas fiscales que podría llevar a la Argentina a una nueva crisis similar a la del año 2001. Ahora bien, no es curioso que los abanderados de esta propuesta sean aquellos que como Patricia Bullrich, en un "gesto patriótico" como pronunciaba Fernando De la Rua, recortaron el 13% de los haberes jubilatorios hace casi 10 años, los mismos que como el Senador Gerardo Morales junto a la U.C.R. endeudaron al país con el Megacanje y el Blindaje, o el vicepresidente Cleto Cobos que en el año 2006 vetó la ley del 82% móvil en su provincia. Y sin ir más lejos, los mismos que hace 6 meses, cuando se discutía el pago de deuda con reservas del Banco Central, se pronunciaban a favor de un recorte del gasto público y un ajuste en la economía.
Con inestabilidad económica, no hay régimen jubilatorio que sea sustentable, que no sea pan para hoy, hambre para mañana, que no sea 82% hoy, 13% menos mañana.